Cuando todavía no había terminado de hacer el luto por la derrota electoral en las PASO, el pasado viernes el gobierno recibió un nuevo golpe demoledor. Esta vez de parte de la justicia norteamericana con sede en Nueva York. La Cámara de Apelaciones desestimó todos los argumentos presentados por Argentina en el juicio que lleva adelante un grupo de bonistas que no participaron de los canjes de deuda de 2005 y 2010 (hold outs). El fallo fue mucho peor a lo esperado por las autoridades, pero en línea con las expectativas de buena parte del mercado.
La Cámara (por unanimidad) mantuvo el fallo de primera instancia, que reconocía el derecho de los hold outs a cobrar, y obligaba al Estado Nacional a cancelar su deuda con ellos en la misma proporción que se le cancelase a los tenedores de los nuevos bonos recibidos en canje.
Asimismo, no exceptuó al Bank of New York (BoNY) de su obligación de hacer cumplir la sentencia, toda vez que se cursen a través de éste desembolsos de Argentina a tenedores de los bonos que están siendo pagados regularmente (siendo el BoNY agente pagador del gobierno nacional). Y, por último, entendió que la propuesta argentina de pagarles bajo las condiciones y con los bonos del canje no se ajustaba a lo solicitado oportunamente por la Cámara como propuesta de pago a los tenedores de bonos originales con sentencia favorable.
El único aspecto favorable del fallo es que otorgó un “stay” (una cautelar), que suspende su vigencia hasta tanto la Corte Suprema de EE.UU. defina su posición. Este proceso puede llevar algún tiempo, y por eso el mercado no castigó tanto para abajo la cotización de los bonos (las caídas en el precio de los activos soberanos argentinos, tanto con legislación internacional como local, osciló en torno al -2%/-3% hoy). De hecho, el rally previo en los bonos de Argentina con jurisdicción internacional se había dado a partir que el mercado comenzó a ver que el proceso de apelación ante la Corte Suprema llevaría un buen tiempo, hasta bien entrado el 2014 (y resultaba apetitoso, mientras tanto, incorporar activos de alto rendimiento a las carteras).
Ahora bien, el gobierno argentino reaccionó impulsando 2 medidas:
1) La reapertura del canje, en las mismas condiciones de 2005 y 2010, para que pueda ingresar el 7% que no ingresó en los anteriores, y para lo cual enviará un proyecto de ley al Parlamento (el cual se descuenta será aprobado, teniendo en cuenta que ya varios bloques opositores manifestaron su apoyo).
2) Un canje de los bonos performing (que se están pagando) emitidos bajo jurisdicción de los tribunales de New York por otros bonos “similares” bajo jurisdicción local. Lo cual no requiere de ningún procedimiento adicional, salvo la aceptación de parte de quienes mantienen esos bonos (unos USD28,000 M aproximadamente).
La primera medida apunta sólo a mostrar, según funcionarios y la propia presidente, la buena voluntad del gobierno argentino (que quiere pagar) y su intención de ser equitativo con el 93% que entró al canje. Pero, lamentablemente, la Cámara de Apelaciones ya sostuvo en su fallo que no es a través de un canje que se perfeccionaría el pago de los derechos que poseen los hold outs. Además, por qué éstos desearían aceptar ahora un canje, justo cuando han obtenido fallos tal vez más favorables de lo que imaginaban hace tan sólo un tiempo atrás? Es probable que algunos tenedores individuales de bonos en default decidan entrar a estos canjes, pero no esperamos una participación importante.
En cuanto a la segunda iniciativa del gobierno argentino, el canje de jurisdicción, surgen varios interrogantes:
– es probable que algunos de quienes tienen estos bonos no puedan, por razones estatutarias o de manual de inversiones, comprar bonos soberanos con jurisdicción local;
– es probable que algunos perciban que los riesgos de la jurisdicción argentina son mayores que los riesgos de tener que soportar un embargo parcial y/o un eventual default técnico. Cuáles serían tales riesgos? Básicamente, la indisponibilidad de los pagos y pesificación (al tipo de cambio oficial). Algo parecido a lo que pasó con los bonos provinciales en moneda extranjera con legislación local.
– la iniciativa deja al descubierto que el gobierno cree que el escenario más probable es uno en el que no “podrá” pagarle a los bonistas con jurisdicción New York y, si eso es así, es porque no está dispuesto a cumplir con el fallo y pretende de alguna manera eludirlo. En consecuencia, cabe preguntarse cuál será la reacción de la Cámara y de la Corte Suprema frente a esta preferencia revelada del gobierno. Correrá riesgo el “stay”?
En definitiva, el panorama es poco alentador. Por un lado, ninguno de los dos anuncios que hizo ayer la presidente tendría un impacto significativo en la práctica. Por el contrario, para lo que si sirven es para evidenciar que el gobierno estaría esperando un resultado negativo por parte de la Corte Suprema de EE.UU. y, al mismo tiempo, que no estaría dispuesto a cumplir el fallo. En este marco, las probabilidades que en un futuro no muy lejano Argentina termine nuevamente en una situación de default (técnico) no son triviales. Dicha situación, en un contexto económico/financiero doméstico ya de por sí endeble, puede traer complicaciones adicionales. No sólo porque puede acelerar la corrección macro sino también porque las circunstancias en que dicha corrección tendría lugar serían por cierto menos favorables que las que se enfrentaron hasta ahora.
