Por Luis Secco
Estamos frente a un shock de una duración y magnitud impredecibles. Se pueden aventurar hipótesis y hacer proyecciones de variables económicas claves a partir de esas hipótesis; pero siempre quedaremos insatisfechos. Porque hay algo que no podemos predecir y que es la variable (exógena, fuera de todo control) más importante de todas: durante cuánto tiempo más se extenderán las cuarentenas obligatorias. Y no sólo la doméstica, sino también las que afectan la producción y el consumo globales.
La decisión de imponer tales cuarentenas apunta a ajustar el ritmo de expansión del brote de COVID19 a la infraestructura sanitaria y hospitalaria disponible. Cuánto más hay que ajustar el ritmo (más hay que “achatar la curva”) más fuertes las medidas y más duradero el aislamiento o distanciamiento social obligatorio.
Y este es un hecho central, el período de vigencia de las restricciones puede ser mucho más largo en los países que la infraestructura es más pobre. No olvidemos, por ejemplo, que en el caso chino, que hoy despierta esperanza aunque también dudas (porque ha caído prácticamente a cero el número de nuevos contagios), la cuarentena obligatoria en Wuhan y otras ciudades cercanas se extendió por casi dos meses. Argentina va camino a un aislamiento obligatorio de al menos 24 días y ya surgen dudas de si podrá mantener la economía mínimamente en funcionamiento durante ese lapso.
Los expertos ya han dado su opinión que dicho aislamiento, aun cuando no se prorrogue, no podrá cesar automáticamente ni de un día para otro y que muchas actividades deberán seguir limitadas o prohibidas.
Amén de este factor central de incertidumbre, el gobierno de Alberto Fernández ha ido ajustando sus políticas sobre la marcha. Y en cuanto a las medidas tendientes a paliar las consecuencias económicas directas de la cuarentena obligatoria, se ha focalizado básicamente en aumentar el gasto público con destino a jubilados y pensionados, beneficiarios de planes sociales, los contribuyentes de menores ingresos y cuentapropistas y trabajadores de la economía informal.
Es probable que con el devenir de los días se tomen medidas similares para aliviar la situación de otros sectores sociales y se incrementen las que benefician a los más vulnerables de la sociedad. Este aumento del gasto público, sumado al desplome de los ingresos fiscales por el frenazo generalizado de la actividad económica (recordemos que por el momento la suspensión transitoria de los aportes patronales a algunos sectores es la única rebaja de impuestos dispuesta por el Gobierno), hará que el déficit fiscal del sector público nacional resulte al menos unas seis o siete veces más grande que el previsto después de aprobada la Ley de Solidaridad o de Emergencia Económica.
Si tomamos en cuenta que el único prestamista que tiene el Tesoro es el Banco Central, todo ese déficit será monetizado. Lo que, sumado a otros factores de expansión monetaria, podría llevar a que la Base Monetaria se duplique en el año (tengamos en cuenta que en lo que va de 2020 ya creció un 17.9%). Vale la pena mencionar, que esta expansión monetaria no contempla la emisión que habría que realizar si el gobierno nacional no puede avanzar en un canje exitoso de la deuda emitida en pesos que le permita un alivio en los vencimientos que quedan hasta fin de año y decide seguir honrándolos hasta tanto lo consiga.
En tal caso, si no hay canje y se quiere evitar el default de la deuda en pesos, la base monetaria podría estar cerca de multiplicarse por tres. El BCRA podría intentar absorber parte de esa expansión a través de Pases y LELIQ pero no está claro que (de querer hacerlo) pueda lograr que esa expansión resulte inocua.
La incertidumbre real derivada de la dinámica sanitaria de la pandemia de COVID19, más la incertidumbre nominal derivada de las políticas puestas en marcha, es un cóctel muy peligroso, con cuyas consecuencias habrá que lidiar más temprano que tarde.
No hay que dar muchas vueltas para acordar que Salud o Economía es un falso dilema, y que ambas deben preservarse sanas, pero si eso es realmente lo que se piensa no es cuestión de tomar cualquier medida económica por más que se las piense “transitorias” y so pretexto de las urgencias. Y esto debería ser así y no solo por sus potencialmente graves derivaciones fiscales y monetarias: todas las medidas adoptadas (controles, prohibiciones, congelamientos, suspensión de cláusulas contractuales entre privados, etc.) tienen consecuencias negativas sobre la organización y la productividad del sector privado y se corre el riesgo de que muchas de ellas se vuelvan permanentes.
Acaso el Gobierno actúa dando por descontado que la economía argentina se recuperará rápidamente a partir del día cuarentena+1; y que una economía que no arrancaba antes de la pandemia sí lo hará después de ella. ¿Qué sucederá cuando la mochila del déficit fiscal y su financiamiento inflacionario ejerza su virulencia sobre los precios, sobre los ingresos, sobre la pobreza y el hambre? No será fácil que el sector privado se recupere de una caída de la actividad que tendrá ribetes históricos y mucho menos lo será cuanto menos libertad tenga para tomar sus propias decisiones.
El esfuerzo por “achatar la curva” de contagios para que la escasa infraestructura sanitaria disponible pueda soportar los embates de una pandemia sin precedentes, no debería perder de vista la capacidad del sector privado de soportar un nuevo y fuerte incremento del tamaño y de la intervención del Estado que amenaza con ir mucho más allá de esta nueva emergencia.
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