Por Luis Secco
La larga crisis de confianza iniciada hacia fines del primer cuatrimestre del año pasado y de la cual no parece haber forma de salir, puso en evidencia la tremenda subestimación de la macro y de sus desequilibrios en la que incurrió desde el comienzo el gobierno de Mauricio Macri. Hoy la Argentina corre el riesgo de que esa subestimación se vuelva a repetir. Sin embargo, entre esta gestión y una eventual gestión de Alberto Fernández (hoy el candidato con más chances de convertirse en el próximo presidente) hay una diferencia importante: Macri y su entorno sobrestimaron los alcances de su reputación y su capacidad técnica, mientras que Alberto Fernández y su entorno sobrestiman su capacidad política. Como si sólo con política (o con gobernabilidad) alcanzara para resolver las enormes urgencias de la macro.
¿Cuáles son esos temas que habría que abordar incluso antes del 10 de diciembre?
Pago de la deuda reperfilada y de otros vencimientos. Para evitar un default total, hay que continuar pagando los vencimientos de deuda pública. Ello involucra tanto el pago de la deuda de corto plazo reperfilada (LETES y LECAP), que vence cada 15 días, como el pago de los intereses y las amortizaciones del resto de la deuda, que no sufrirán alteraciones hasta tanto se acuerde la reprogramación propuesta de la deuda bajo ley local (por el proyecto de ley enviado al Congreso) y se avance con la negociación con acreedores privados (a través de bancos) de los bonos emitidos bajo ley internacional.
El gran tema, más allá de las cuentas en dólares y el posible desembolso del Fondo Monetario Internacional, es la fortísima necesidad de pesos que tiene el Tesoro en los últimos dos meses del año (para hacer frente al déficit fiscal y los pagos mencionados de toda la deuda emitida en pesos) que, como piso, asciende a unos AR$300,000 millones, ¡nada menos que la cuarta parte de la base monetaria! La cuenta en dólares, por su parte, cierra si ingresan los desembolsos del Fondo Monetario Internacional (incluso sobrarían unos USD2,500 millones) pero se vuelve peligrosamente negativa si no ingresan esos fondos. De hecho, frente a la demora en el desembolso, el Tesoro ya echó mano (para pagar vencimientos) de los dólares que el FMI había girado el año pasado con fines de fortalecimiento de las reservas del Banco Central. Estos fondos ascendían a USD7,200 millones diez días atrás, pero actualmente sólo suman unos USD5,300 millones. La consecuencia de ambas cuentas: más pesos en circulación y menos reservas en el Banco Central. Por lo tanto, más presiones sobre el tipo de cambio y la brecha y una probable intensificación de los controles y/o reperfilamiento adicional de los vencimientos de la deuda.
Renegociación con acreedores privados de toda la deuda. Esto implica la aprobación del proyecto de ley enviado al Congreso Nacional (como paso necesario) para luego hacer una propuesta concreta a los tenedores de bonos bajo ley local. En cuanto a los tenedores de bonos emitidos bajo ley internacional, habrá que esperar otras propuestas que hagan llegar, pero de todas maneras el Gobierno nacional deberá realizar la propia. Estas negociaciones con todos los acreedores privados deberían ser rápidas (unas seis semanas aproximadamente según el ministro de Hacienda Hernán Lacunza), aunque eso dependerá de la amigabilidad de las propuestas. Cuanto más se demore, más riesgos y mayor probabilidad de que la negociación se vuelva hostil. La clave es negociar teniendo en cuenta la habilidad de pagar y el re acceso al mercado de deuda soberana. Es imposible hacerlo antes de las elecciones, pero se corren riesgos si la espera se alarga más allá de fin de año. En tal sentido, sería aconsejable el pronto tratamiento legislativo del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para la re programación de la deuda bajo ley local.
Renegociación de la deuda y del programa con el FMI. No se podrá avanzar en las negociaciones anteriores sin renegociar (preferiblemente antes) con el FMI, que intentará hacer valer su condición de acreedor privilegiado. Cuanto más rápido se acuerden nuevas condiciones y eventualmente llegue dinero fresco (lo pendiente y algo más), no sólo se evitaría generar una desconfianza que podría llegar a ser extrema en materia de solvencia del Banco Central, sino que también se podrían negociar mejores condiciones con los acreedores privados. Alargar los plazos de pago de las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional solo se puede hacer cambiando el Stand By vigente por un acuerdo de Facilidades Extendidas. Pero esto último supone siempre una contraprestación o exigencia de reformas estructurales con algún cronograma cierto. Al igual que con la negociación con los acreedores privados, habrá que esperar a que haya un presidente electo para sentarse y avanzar en cuestiones concretas que hacen a un nuevo acuerdo, pero también se corren riesgos muy altos si el proceso se alarga mucho más allá de diciembre de 2019.
La subestimación de la macro y la sobrestimación de la política podrían llevar a pensar que, una vez superada la instancia electoral y elegido el nuevo presidente, los desafíos macro se vuelvan rápidamente manejables. Por ejemplo, frente a la necesidad de pesos del Tesoro, podría pensarse que el camino es simplemente emitir todo lo que haga falta y eventualmente dejar que esa emisión se traduzca en un salto inflacionario que licúe la deuda y los vencimientos en pesos. El problema es que el gasto público no se puede licuar fácilmente porque dos terceras partes del mismo están indexadas. Es muy riesgoso jugar con la inflación; sin embargo, hay muchos políticos y economistas que creen que no vendría mal licuar lo que se pueda (ejemplo: stock de LELIQ). Esto iría en línea con la necesidad, muchas veces expresada por la oposición, de bajar rápidamente las tasas reales de interés. El mayor riesgo que trae consigo el generar un fogonazo inflacionario se deriva de la ya muy difícil situación social (pobreza, hambre, marginalidad).
En este punto es donde el peronismo sobrestima el rol de la política: se cree que se pueden controlar sus consecuencias negativas mediante el ya famoso acuerdo económico y social, cuyo foco estaría en fijar un sendero de crecimiento de precios y salarios a tasas bajas (según sus defensores, cuanto más bajas mejor… ¿podrían ser cero?). El problema es que aun cuando se apliquen controles férreos, la evidencia muestra que no son duraderos y que generan problemas serios cuando se empieza a descontar lo que sucederá el día t+180 (o lo que dure el sendero/congelamiento). Más serios aún si el Estado no pone lo suyo sobre la mesa, en este caso la desindexación del gasto (previsional, salarial y social) y el control de la emisión monetaria.
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