Por Luis Secco
La pandemia del Covid-19 y las consecuencias económicas del aislamiento obligatorio parecen haber reforzado la convicción de muchos argentinos de que la solución a todos los problemas pasa por más gasto público y más Estado. Lamentablemente, la clase política en general y este gobierno en particular no parecen tener dudas de que la respuesta frente a todos los problemas pasa por ahí. Frente a la alternativa de dar rienda suelta al Estado y sus regulaciones, controles e intervenciones distorsivas o darle aire al sector privado para que pueda ser el motor de la recuperación y el crecimiento sostenido, se mueven como si la segunda alternativa no existiera. En la práctica, se descarta de plano que exista una opción distinta a la preferida desde mediados del siglo pasado, opción que a pesar de sus reiterados fracasos hoy se revela una vez más como el dogma que guía la formulación de las políticas públicas.
En los últimos días, los ejemplos de ese código genético pro Estado han ido in crescendo de manera preocupante. Prácticamente todos los días se van conociendo medidas tendientes a reducir la demanda de dólares tanto en el mercado oficial como en el resto de los mercados legales. La preocupación del Gobierno por la disponibilidad de reservas (y mantener la cotización del dólar dentro de ciertos límites) no es nueva. Las reservas netas del Banco Central están en el orden de los USD 8,000 millones (la cifra más baja desde 2015). Lo que tampoco es nada nuevo, es la respuesta de la política. El cepo se ha ido «perfeccionando» hasta ser actualmente muy parecido al que teníamos en aquel entonces. De hecho, las medidas más recientes recuerdan a medidas de aquellos años. La denominada «solicitud de conformidad previa por pagos de importaciones de bienes» luce un sustituto muy cercano (casi un eufemismo) a las famosas DJAI. En los considerandos de la resolución del BCRA publicada hace dos días se puede leer: «Nos dirigimos a Uds. a fin de comunicarles el procedimiento estandarizado para facilitar y agilizar el tratamiento de los pedidos de conformidad previa de acceso al mercado de cambio». La idea de facilitar y agilizar el acceso al mercado mediante este procedimiento de conformidad previa es un oxímoron. Y los costos de esta medida se harán sentir sobre todo el sector privado. Si había alguna duda de si Argentina podrá salir rápido de la mayor recesión de nuestra historia reciente, está claro que dicha medida no hace más que poner dicha recuperación todavía más en duda. Ahora bien, limitar las importaciones puede favorecer el superávit cambiario en el cortísimo plazo, siempre y cuando las exportaciones acompañen o no sufran.
En este marco, la anunciada expropiación de Vicentin con el fin de rescatarla, es otro oxímoron de ribetes históricos. Aunque puede ser que me esté perdiendo algo, me cuesta ver la figura del rescate en una expropiación. Por su parte, la intención de contar con una empresa estatal testigo en el sector, no es precisamente una buena señal para el capital de riesgo privado (y no sólo del sector agro exportador). Mucho menos, cuando los objetivos serían la soberanía alimentaria del pueblo argentino (al menos eso es lo que expresó la senadora Anabel Rodríguez Sagasti, quien fue la que habría sido la que tuvo la idea de la intervención y expropiación) y la preservación de los puestos de trabajo. Cuando lo importante pasa por impulsar exportaciones y no intervenir en el mercado de alimentos para dar señales de precios a través de una empresa estatal. Menos importaciones, menos exportaciones y menos inversión de riesgo en sectores clave de la economía argentina, son un ticket seguro al estancamiento y no un instrumento que pueda favorecer la reactivación del crecimiento post pandemia.
En este contexto, volvemos al desafío de la pobreza y el hambre (del cual también nos ocupamos en mi columna del mes pasado). La caída de la actividad económica, la destrucción de puestos de trabajo y la caída de los ingresos reales del sector privado serán históricas y el tamaño y el rol del Estado como proveedor de ingresos se habrá magnificado una vez más. Es como si en cada crisis, la clase política se pusiera de acuerdo para hacerlo. Para no ir demasiado lejos, desde 2002 a esta parte, incluso durante el gobierno anterior y a pesar de la reducción del gasto y del déficit (sobre todo entre 2018 y la primera mitad de 2019) y de la eliminación de algunos controles, regulaciones y prohibiciones, la dependencia de una proporción creciente de la sociedad de algún ingreso público no dejó nunca de crecer. Según los últimos datos oficiales, hoy hay 7 millones de jubilados y pensionados, 3.5 millones de empleados públicos, 8 millones de personas que reciben el IFE (que incluye a quienes reciben la ayuda universal por hijo), otros 2.2 millones que reciben planes que no son ni el IFE ni la AUH, y ahora 2.3 millones de trabajadores privados cuyos salarios son pagados en parte por el gobierno nacional. O sea, la friolera cantidad de 23 millones de personas que reciben alguna transferencia del Estado frente a sólo 6.5 millones de trabajadores formales que perciben ingresos del sector privado. Uno podría quedarse con la idea de que estamos en presencia de una formidable red de contención social que pone un piso o sirve de colchón en una situación de estrés o crisis macro (como la actual). Pero, como dijimos antes, el número de personas cuyo ingreso depende del Estado ha venido sistemáticamente en aumento y no sigue para nada los vaivenes del ciclo económico (que es lo que sucede en la mayoría de los países del mundo). La naturaleza estructural de este asistencialismo estatal se revela como el sustituto (por cierto, muy imperfecto) que propone la política ante la falta de ideas e iniciativas que impulsen la igualdad de oportunidades, el progreso social, la competitividad y el crecimiento económico sustentable.
El shock ocasionado por la pandemia y el aislamiento obligatorio refuerzan una crisis previa de larga duración, pero no parecen constituir por el momento un mecanismo viabilizador de cambios. El código genético pro-Estado, que nos trajo a esa situación de crisis estructural, irrumpe inmutable otra vez.
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