Un tema central que desvela a los tenedores de bonos argentinos y que debe preocuparnos a todos, dadas sus repercusiones sobre todos los aspectos de la economía (crédito, tasas de interés, inversiones, empleo, actividad económica, precio del dólar, inflación, etc.), es si el Tesoro cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a los pagos de su deuda. En otras palabras, si hay o no un default de la deuda pública en el horizonte. Desde que el riesgo país comenzó a dar muestras de esta preocupación, no se trata sólo de dudas sobre la voluntad de pago de uno de los candidatos. Las dudas que existen giran en torno a la capacidad de pago, o sea, como dijimos anteriormente, a si hay/habrá o no recursos suficientes para pagar los vencimientos de intereses y los vencimientos de capital que no puedan refinanciarse en el mercado. Este es un desafío quienquiera que sea el próximo presidente de la Argentina. El resultado de las PASO hizo saltar el riesgo país desde los 870 a los 1470 puntos, y después de allí orilló los 2000 puntos apenas un par de días después. Desde entonces se ha mantenido entre los 1800 y los 1900 puntos básicos. ¿Por qué ahora el riesgo país es más del doble del que había antes de las elecciones PASO? ¿Es por el candidato? En parte sí, porque los precios pre PASO tenían dentro una probabilidad más alta de continuidad del actual gobierno que de triunfo de la oposición. Pero no es sólo eso. El resultado y lo sucedido desde el domingo 11 han afectado algunos aspectos centrales del programa financiero para lo que resta de 2019 y el de 2020.

Primero, está la cuestión de qué sucederá con la continuidad del acuerdo y los desembolsos del Fondo Monetario Internacional. Desde que se firmó el acuerdo con el FMI, el programa financiero sin LETES para 2019 estuvo cerrado gracias a los desembolsos previstos en dicho acuerdo. Pero sin los desembolsos pendientes de aquí a fin de año (USD5,500 millones en septiembre y otros USD1,000 millones en diciembre) el programa ya no está más financiado. Por lo tanto, resulta crucial despejar rápido las dudas que subsisten sobre los mismos. El problema radica en que ello no es sólo responsabilidad del actual gobierno. Los desembolsos están atados al cumplimiento de metas (del segundo y tercer trimestre) cuyo cumplimiento sí es responsabilidad del Gobierno. Pero antes de autorizar esos desembolsos el FMI tomará nota de lo que puede suceder más allá de 2019. Pensemos, por ejemplo, que el desembolso previsto para septiembre tiene que ser autorizado después del envío al Congreso del proyecto de presupuesto nacional para 2020. Ese proyecto de presupuesto deberá prever el cumplimiento del acuerdo en 2020. ¿Cuál será el clima político en esos días y qué se dirá en torno a ese presupuesto? No parece que eso sea un tema menor para el FMI a la hora de aprobar el imprescindible desembolso de septiembre. Claro que el mismo podría destrabarse por otras vías más políticas, aunque con un FMI acéfalo todo luce un poco más dificultoso.