Más allá de las diferencias de énfasis y de palabras entre los dichos del Presidente Fernández y de su ministro de Economía y la comunicación oficial del FMI, unos hablando de acuerdo y el otro de entendimientos, es evidente que hoy el default con el organismo está más lejos y ese acuerdo más cerca.
Lo cual es positivo y evita, por el momento, una aceleración de la dinámicas de crisis (inflación, depreciación y aumento de la brecha) que comenzaban a tomar carrera ante la falta de progreso en las negociaciones.
En lo que respecta a la refinanciación de los próximos vencimientos, lo presentado por el Ministro está dentro de lo esperado. Básicamente se trata de un Programa de Facilidades Extendidas, por el mismo monto del programa stand by anterior (u$s 45.400 millones), incluyendo unos u$s 4500 que ya fueron cancelados, que servirán para engrosar las reservas del BCRA.
El FMI realizará durante los próximos dos años y medio los desembolsos trimestrales suficientes para atender los vencimientos previstos en el stand by; dichos desembolsos estarán supeditados a las revisiones periódicas de los objetivos pautados que haga el staff del Fondo en ese mismo período.
Se prevé que los pagos de capital de este nuevo financiamiento se realicen a partir de 2025, aunque no se conoce por el momento cuál será el cronograma concreto de devoluciones. Lo que implica, como con todas las refinanciaciones de deuda del pasado, pasar la pelota a las próximas administraciones (y generaciones) que serán las que deberán hacer los deberes para reducir el peso de la deuda.
El Gobierno sugiere que el crecimiento económico evita la ingrata tarea de hacer esos deberes.
Pero para crecer no alcanza con desearlo o con recurrir a una visión romántica del destino de grandeza que tiene la Argentina. Hace falta un marco integral de política económica acorde, estable y sustentable que genere los incentivos correctos para la inversión de riesgo y la creación de empleos. Y, por ahora, ese marco/programa no aparece.
En efecto, como sabemos, el diablo está en los detalles y, por cierto, los detalles que se tienen sobre el programa son prácticamente inexistentes. Además, lo poco que sabemos, algunas metas fiscales y monetarias aisladas, no permiten esbozar la existencia de una hoja de ruta detallada, consistente y sustentable.
Si nos limitamos a lo expuesto por el Presidente, se habría llegado a un entendimiento con el FMI que: «No restringe, no limita, ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. No nos impone llegar a un déficit cero. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología (…) Prevé que no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de obra pública del Gobierno Nacional. Tampoco dispone saltos devaluatorios«.
O sea, más de lo mismo, ningún cambio trascendente respecto de lo que la administración Fernández ha hecho hasta aquí. La continuidad misma.
Una continuidad peligrosa y que pone en dudas el cierre de los números que presentó el ministro Guzmán. En efecto, en materia fiscal el Ministro fue un poco más preciso que el Presidente y anunció que habría un aumento moderado del gasto real (¡o sea que el gasto seguiría creciendo por encima de la inflación!) y que la reducción del déficit primario a un 2.5% del PBI en 2022 se lograría básicamente mediante el fortalecimiento de la administración tributaria. Resulta dudoso que se pueda alcanzar esa meta sólo gracias al combate a la evasión. Sobre todo si tenemos en cuenta que la magnitud del esfuerzo fiscal es mucho mayor que el que surge de comparar dicha meta con el cierre fiscal de 2021 (que sin el maquillaje de los DEG y el ingreso extraordinario por el Aporte Solidario, fue de 3,7% del PBI). El déficit fiscal de 2022 de no mediar ninguna intervención de política económica, lo que podríamos llamar déficit inercial, superaría el 5% del PBI. Por lo que estaríamos frente a una meta de consolidación fiscal (de unos tres puntos del PBI) que no es factible de ser alcanzada manteniendo al gasto primario creciendo al ritmo de la inflación. Lo cual, si bien poco ambicioso, luce harto difícil de lograr dada la inercia que trae después de haber crecido a una tasa promedio del 80% interanual durante los últimos seis meses.
El ministro Guzmán ahondó en algunos aspectos que también hacen a la continuidad, al más de lo mismo. Se mantiene el cepo y las políticas de precios e ingresos (léase controles y acuerdos de precios) seguirán teniendo un rol central dentro del esquema de política económica oficial. También precisó que no habrá un sinceramiento de tarifas mayor al ya anunciado. Por lo tanto, la economía seguirá funcionando con una estructura de precios relativos distorsionados y con varios precios claves (como las tarifas y el tipo de cambio) con rezagos que se incrementaron notablemente durante los últimos meses. Al mismo tiempo, llama la atención la ausencia de anuncios de reformas estructurales, lo que convertiría a este Acuerdo de Facilidades Extendidas en uno sui generis. A diferencia del pasado, el Ministro recalcó que esta vez no hay reforma laboral, no hay reforma previsional, no hay privatizaciones, sólo mencionó el fortalecimiento de la administración tributaria, la implementación de medidas pro-exportaciones y el desarrollo del mercado de capitales local. Lo que deja sabor a poco como paquete pro-crecimiento.
En síntesis, hubo avances en las negociaciones pero faltan precisiones clave como para que se pueda intuir la existencia de un programa económico integral, creíble y sustentable. Por el momento, si bien quedan muchos aspectos que pulir, todo parece indicar que no podremos aspirar a otra cosa que no sea más de lo mismo. Un empecinamiento prescriptivo que está muy lejos de lo que la Argentina necesita para salir de la trampa de crecimiento nulo y alta inflación en la que se encuentra.
