Por Luis Secco
Hasta esta semana escuchamos de parte de las máximas autoridades económicas y políticas de Argentina, que aún no teníamos un programa económico. Y que el mismo sólo se conocería después que se terminara con la renegociación de la deuda pública. Más allá de lo poco atinado de tal proposición, nos enteramos hace dos días, de boca del ministro Martín Guzmán, que eso no es así.
En su alocución frente al Parlamento dijo que ya hay en ejecución un programa fiscal, monetario y financiero consistente y no hizo ninguna mención a la posibilidad de que habría uno más adelante. De hecho, al referirse a su programa económico dijo que no se trata de presentar un PowerPoint con números y trayectorias de variables económicas relevantes porque, según sostuvo, todavía la incertidumbre es muy alta y no es cuestión de mostrar números que luego no se pueden cumplir.
De todas maneras, de algunos de sus dichos podemos extraer algunos lineamientos fundamentales:
-El objetivo de la renegociación será conseguir alivio de la carga de la deuda. Mencionó al pasar que hay que tratar de volver a los mercados de deuda voluntarios y a tasas inferiores a las de pre-renegociación. Pero quedó claro que el objetivo casi excluyente es que el Estado cuente con más recursos disponibles para hacer lo que tiene que hacer, que es según el ministro, intervenir activamente en impulsar la demanda agregada. Incluso habló de la segura insatisfacción que mostrarán los tenedores de bonos, anticipando de alguna manera que el alivio de la carga de la deuda implicará quitas importantes. Por lo tanto, todo parece indicar que los tiempos de una renegociación amigable “a la uruguaya” quedaron atrás.
-En la visión de Guzmán, conseguir un alivio fiscal importante resulta fundamental porque Argentina no puede tener superávits fiscales primarios en un horizonte cercano. Si en algo fue contundente, fue precisamente en este punto. Sostuvo que no habrá reducción del déficit primario en 2020, y que con el actual esquema de política económica sólo se podría alcanzar el equilibrio fiscal en 2026 y si se “trabaja” en materia tributaria sería posible lograrlo en el 2023. Lamentablemente, la idea de que el objetivo es que el Estado recupere su capacidad de intervenir activamente en la economía mientras se trabaja con objetivos fiscales tan poco ambiciosos, son un ticket seguro a desequilibrios fiscales crecientes en el tiempo.
-Se mostró confiado que el mercado local de deuda soberana permitirá recurrir al financiamiento en pesos. Y aunque no lo dijo, esta hipótesis es la que le permite cerrar de alguna manera el esquema sin que todo se caiga por falta de consistencia. Porque si el mercado de pesos no está disponible y no se pueden generar superávits fiscales por varios años, el único candidato a financiar al Tesoro será el Banco Central. Lo cual echaría por tierra con la consistencia macro deseada por el ministro.
-Si bien hizo alguna mención a qué esperan las autoridades en materia de crecimiento económico, no hubo ningún número acerca de lo que se puede esperar en materia de inflación. Pero lo que sí enfatizó el ministro es que la clave de la política anti-inflacionaria son los acuerdos de precios y salarios, el congelamiento de tarifas y los precios cuidados. Un set de políticas que ha fracasado sistemáticamente y que no son sustituto de la prudencia fiscal y monetaria. La cual, vale la pena reiterar, quedó bastante relativizada dado el énfasis puesto, por un lado, en la necesidad de aliviar la carga de la deuda para que el Estado pueda desarrollar políticas de demanda más activas y en las menciones que hizo el ministro respecto de lo equivocada que fue la política monetaria restrictiva aplicada por el gobierno anterior.La falta de una política anti-inflacionaria más consistente y más transparente, no es trivial para la renegociación de la deuda. Hay cuestiones clave como el nivel del tipo de cambio y de las tasas de interés en pesos que influyen radicalmente sobre el atractivo del menú de bonos que pronto serán ofrecidos en canje.
-En este sentido, no se presentó nada concreto en materia de lo que será la propuesta de renegociación que el Gobierno le presentará a los acreedores privados. Sólo mencionó que lo sucedido con el Bono Dual no es una muestra y que se trataba de un bono atípico. Y que la deuda bajo ley local será tratada en un pie de igualdad con la emitida bajo ley extranjera. Según el ministro hay que entender que no se puede dar a conocer detalles en los momentos previos de sentarse a negociar. Pero los antecedentes de las recientes negociaciones encaradas por la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno muestran que el otro extremo es una invitación al fracaso.
Vale la pena recordar que los tiempos que se auto-impusieron las autoridades son muy demandantes. Según el cronograma oficial, durante las últimas dos semanas de febrero se harán reuniones de intercambio de visiones con los acreedores privados sobre la base de los lineamientos presentados al Parlamento. En la primera semana de marzo deberá estar lista la estructura final de la oferta y a partir de ahí el mercado dispondrá de dos semanas para conocerla, analizarla y eventualmente aceptarla, ya que en la última semana del mes que viene el Gobierno pretende cerrar el canje y dar a conocer sus resultados.
La respuesta del mercado a la presentación de los lineamientos del análisis de sostenibilidad de la deuda pública argentina fue, como era de esperar, bastante adversa. La falta de precisiones del Ministro, la falta de un programa y una hoja de ruta más concreta confirmaron las peores sospechas de muchos participantes del mercado cuyo resultado fue una caída del precio de los bonos en pesos y dólares, suba del riesgo país y caída del valor de las acciones.
En síntesis, según el ministro Guzmán habría en ejecución un programa económico consistente que permitiría que nuestro país crezca al 2% anual y honre los vencimientos de la deuda reestructurada sin necesidad de hacer un esfuerzo fiscal que se juzga imposible dadas las actuales circunstancias. A esta altura más que el resultado de un análisis técnico o numérico consistente, la sostenibilidad de la deuda pública argentina se va convirtiendo nuevamente en una cuestión de fe.
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