Estudió Economía en la Universidad de La Plata y realizó en la misma institución el magíster en Disciplinas Bancarias; se desempeñó como economista jefe en la firma Miguel A.M. Broda; fue asesor económico durante la presidencia de Fernando de la Rúa; en 2002, fundó su actual consultora, Perspectivas
Luis Secco es uno de los discípulos del economista Miguel Ángel Broda. De él aprendió a nunca subestimar a la sociedad cuando se toman decisiones de política económica. Luego de pasar por la función pública durante el gobierno de Fernando de la Rúa, creó su propia consultora, Perspectivas, hace 20 años.
–¿Podrá la Argentina reducir el déficit fiscal este año?
–El objetivo de obtener un déficit de 2,5% ya estaba complicado antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Porque cuando el Gobierno compara el déficit con el de 2021 –que fue de 3,1% del PBI, o de 3,7% cuando se le saca el aporte del impuesto solidario y los ingresos de los derechos especiales de giro [DEG, dinero del FMI]–, implica un ajuste de un punto y algo del producto. Pero en realidad, como estaba planteada la dinámica fiscal, lo que muchos llamamos el déficit inercial está más cerca de 5% del PBI. El ajuste fiscal que había que hacer para alcanzar el 2,5% significaba frenar una inercia inflacionaria que estaba totalmente desatada. El gasto público cerró el año creciendo al 70% anual, es la variable nominal que más crece.
–Este dato llama más la atención si se tiene en cuenta que 2020 fue un año de expansión del gasto por el Covid. ¿Por qué creció tanto?
–Hay una postura del Ministerio de Desarrollo Social de no dar más planes sociales. ¿Ayuda a bajar el gasto?
–Obviamente que contener la concesión de nuevos planes puede servir, pero hay un stock muy grande, que está mal gestionado. Ese gasto equivale a 2,4% del producto, parecido a los subsidios a la energía, que fueron 2,3%. Se dicen muchas cosas que suenan bien, pero cuando hay que cuantificar si con eso alcanza, no alcanza. Hay que trabajar para reducir los subsidios económicos.
–¿Y cómo se financiará eso?
–El Gobierno está intentado colocar todo lo que pueda en el mercado voluntario de pesos, y ha dicho que todo lo que no puede financiar por esa vía lo financiará con el Banco Central, con un compromiso de bajar también drásticamente la emisión. Me da la sensación, cuando se ve la situación fiscal financiera argentina, de que hay una sospecha muy grande de parte de actores relevantes de que no se podrá cumplir ni con la meta fiscal ni, por lo tanto, con la meta de contención de emisión monetaria.
–El acuerdo con el FMI dice que solo se podrá financiar con emisión de 1% del PBI. ¿Se puede cubrir el resto del gasto con deuda local?
–El Gobierno especula con que una parte del financiamiento podría venir de algunos organismos multilaterales, pero por ahora se viene demorando conocer qué dinero llegará del Banco Mundial o del BID. Por otro parte, en el acuerdo con el Fondo está escrito que la Argentina podría tener algún financiamiento de sus socios estratégicos: países interesados en hacer programas de obra pública, como puede ser el caso de China y Rusia. Pero parece que se cuentan los porotos y se está viendo cuánto más se puede financiar en el mercado local y cuánto en el internacional, y siempre da como resultado que el Banco Central probablemente tendrá que emitir más de lo que se comprometió a emitir. Es un Gobierno que adolece de credibilidad. Aún en las cosas positivas que intenta mostrar y anunciar, como el mercado descuenta que no será así, no hay capacidad de anclar las expectativas. Yo aprendí economía con Miguel Ángel Broda y él decía que la gente conoce el modelo, por lo cual nunca hay que subestimarla. No hay que ver hoy al Banco Central emitiendo como loco para generar expectativas de inflación y depreciación del peso hacia adelante. Basta con creer que lo va a hacer, para actuar en consecuencia. Hoy no hay vocación por parte del Gobierno de controlar el gasto público; eso llevará a que el déficit no se pueda reducir de la manera comprometida y el Banco Central tendrá que emitir más. Eso se resuelve en una tasa más alta de inflación hoy, porque la sociedad toma decisiones en función de eso.
–Cuando el Presidente habla de empresarios “pícaros” o “diablos”, ¿qué quiere decir?
–Le llamo a eso empecinamiento prescriptivo; es la idea de tratar de curar al enfermo siempre con la misma receta. Cuando el Gobierno echa la culpa a los remarcadores de precios, empresarios, cadenas de comercialización, comete serios errores incluso conceptuales. El más grande es cuestión de observación: basta con ver qué consumimos los argentinos y dónde lo compramos, para darnos cuenta de que los mismos productores que están acá, están también en Chile, Brasil y Uruguay. Sin embargo, en esos países no hay inflación. Entonces, ¿cruzan la frontera y en la Argentina se vuelven diabólicos? Se subestima a quien recibe el mensaje y eso afecta la credibilidad de las políticas públicas. El gran problema es que todas las políticas están afectadas por esa falta de credibilidad, que siempre lleva a percibir que todo será transitorio o frágil. Entonces, todas las políticas pierden efectividad, como lo que pasó con el acuerdo con el FMI. Fue una gran oportunidad perdida de afectar las expectativas. La percepción es que estamos peor que hace un año y que en un año vamos a estar peor que ahora. Y la percepción es clave desde el punto de vista de política económica. Los gobiernos de todos los países buscan afectar las expectativas. Pero este gobierno es una máquina de desperdiciar posibilidades, o momentos en los cuales se le abre una oportunidad para afectar las expectativas.
–¿Cuánto puede hacer la economía en este contexto en el cual la política está partida?
–Al mismo tiempo que se aprobaba el acuerdo con el FMI se hacía más evidente la división en el Gobierno. Para los agentes económicos, pesó más que la aprobación del acuerdo el sismo generado en el partido gobernante. Un acuerdo que, incluso los que lo aprobaban decían que no durará y que hay que cambiarlo, sumado a esta percepción de fragilidad política del Presidente, fue un cóctel muy negativo. Por otro lado, no se puede perder de vista, sobre todo en la Argentina, que tampoco hay viabilidad política sin viabilidad económica. Siempre se tiende a decir que el problema es político, pero si la capacidad de gestionar las políticas públicas no se convierte en soluciones específicas de los problemas económicos, no dura nada.
–¿Es todo culpa de los políticos, o los empresarios y gremios también tienen que hacer una reflexión interna?
–El marco de incentivos lo da la gestión pública. Dentro de ese marco, los empresarios, consumidores y trabajadores toman sus decisiones. Cuando ves que el marco de incentivos está afectado y va en sentido contrario respecto de dónde va el mundo, las acciones de cada parte involucrada reflejan lo malo de eso. Además, al haber cambios en las reglas de juego, todos toman decisiones defensivas para intentar preservar el statu quo, y no se hace nada que apunte a un mayor crecimiento futuro. Siempre hay un empresario que invierte igual, que le da para delante. Admiro a una parte de esa clase empresarial que sigue tomando decisiones de riesgo en la Argentina. El Estado es un actor muy relevante en el país por toda la maraña de regulaciones que maneja. Hay buenas mentes en la Argentina que están atajando las regulaciones que vienen del Boletín Oficial, que no son solo DNU, sino resoluciones administrativas de algún ente o de la AFIP, que alteran por completo las reglas de juego.
–¿Ve riesgo de hiperinflación?
–Todos los fenómenos hiperinflacionarios registrados en la historia tuvieron como principal argumento una fuerte caída de la demanda de pesos. No es solo un problema de cuánto emite el Banco Central, sino que la clave es cuánto demandamos los argentinos de nuestra propia moneda. La demanda de pesos siempre ha sido muy sensible a la política. Cuando uno repasa las gestiones que tuvieron las peores crisis inflacionarias o correcciones cambiarias, fueron presidentes que tuvieron problemas de gobernabilidad o estuvieron percibidos como débiles: Isabel Perón, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. Para que haya una híper ahora no solo es un problema ver cómo financiará el Estado su déficit fiscal. Con cepo, aumenta artificialmente la demanda de pesos, porque no se puede hacer nada con ellos, y se permite que fenómenos de desconfianza se desarrollen en cámara lenta en el tiempo. Eso no significa que no puedan crearse condiciones políticas y económicas a futuro que hagan que uno esté dispuesto a correr con los costos de dolarizar todas las tenencias e huir del peso. El riesgo de hiperinflación es bajo, pero eso no significa que no la tengamos por delante, si la situación política económica se descompone o se percibe eso en lo inmediato. Es un riesgo que está latente.
–¿Sería aplicable un plan Bonex?
–Hay una gran frase de las ciencias políticas que dice que no hay momento más riesgoso de un mal gobierno que cuando empieza a hacer cosas. Cualquier cosa que intente hacer el Gobierno puede gatillar un proceso de desconfianza que no sabemos bien cómo termina. Si intenta resolver los pasivos del Banco Central, las Leliq y los pases pasivos con algún proceso de reestructuración que se asemeje a un plan Bonex, podría gatillar una corrida terminal contra el peso. Porque detrás de esas tenencias de letras del Banco Central y de otras formas de integrar encajes que hoy tienen los bancos con los títulos públicos, están nuestros depósitos. La mayoría de los argentinos sabe lo que significa que toquen los activos del sistema financiero. Si este Gobierno intentara una solución en el medio de la nada, totalmente divorciado de cualquier programa integral, sería un grave error. Se debe asegurar la solvencia fiscal y la del Banco Central y, tal vez, ahí si se puede pensar en alguna solución, que no tiene que ser necesariamente un plan Bonex, pero que permita generar confianza en la moneda. La otra alternativa es no tener una moneda propia y dolarizar por completo la economía.
–¿Qué opina de la dolarización?
–No hay ningún régimen cambiario monetario que sea invulnerable a la indisciplina fiscal. Se pueden cambiar regímenes cambiarios por uno que sea más difícil de revertir, pero no hay ninguno que supere la dominancia fiscal.